En definitiva, la jurisprudencia sentada por la sorprendente y criticada Sentencia del Tribunal Supremo, que limitaba los efectos de las devoluciones de intereses pagados a mayo de 2013, ha sido, en cierto modo, revocada por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Uno de los asuntos habituales con los que nos encontramos los abogados son los accidentes generadores de lesiones, ya sean derivados de situaciones extracontractuales (tráficos, caídas en la vía pública o en instalaciones privadas, alcances por algún objeto, por citar algunos de los más comunes) o contractuales (caídas, también puede ser contractuales, en trenes de Renfe, autobús o cualquier establecimiento, lesiones en atracciones, centros de estética o de cualquier servicio personal en general).


Cuando el accidente acontece, ni que decir tiene que lo principal es nuestra propia seguridad personal y ser atendidos, de ser necesario, por los servicios médicos de urgencia con la mayor rapidez. No obstante, cuando el accidente no es excesivamente grave o si somos los acompañantes de la persona accidentada, sí hay una serie de cuestiones que podemos intentar realizar para facilitar la posterior reclamación del daño al causante o responsable (no tiene que ser el mismo).

La inmensa mayoría de las reclamaciones de este estilo se suelen resolver por vía amistosa tras realizar las pertinentes reclamaciones al causante o responsable y a su compañía de seguros, y precisamente aquellas que plantean mayores problemas y acaban en los juzgados, son en las que hay escasez de prueba sobre lo que pasó. Obviamente, este comentario está dirigido a aquellos accidentes en los que hay un responsable diferente de nosotros mismos, ya sea este por acción u omisión. 

Es por ello, que es importante conocer, y como digo, en la medida de lo posible, realizar, algunas cuestiones, que nos permitirán contar con la mayor prueba posible, facilitando con ello la reclamación extrajudicial, y en su caso, la judicial, si la primera resulta infructuosa. 

Vamos con las recomendaciones:

1º-  Recopila la máxima información  en el mismo lugar del accidente y anótala lo antes posible: Con el tiempo solemos olvidar bastantes detalles del accidente o empezamos a confundirnos por lo que luego nos cuentan. Realizar una correcta toma de los datos fundamentales e incluso de cuestiones técnicas, por ejemplo, el tipo de vehículo, color, matricula, nombre completo de las personas de la escena, sus teléfonos, direcciones, sus características o ropa que llevaban puesta es importante. Si interviene policía o ambulancia intenta coger también sus datos. También, resultan muy importantes, los datos del seguro del culpable y número de póliza. Y si no los tiene, porque no es un tráfico, al menos si cuenta con seguro y la compañía. Anótalo, y realiza luego, cuando llegues a casa, una narración de lo que ha ocurrido en la que incorpores todos esos datos. Te va facilitar no olvidar estos detalles y el trasladárselos al abogado. Evitarás con ello las temidas contradicciones, tan usadas luego por la defensa para acreditar la versión real de los hechos. 

2º- Recoge pruebas y documentos: Intenta recoger los máximos documentos sobre el accidente. Documentos del servicio que te estaban prestando, títulos de trasporte, facturas, etc. Hoy en día todos llevamos móviles con cámara fotográfica que además permiten recoger vídeo e incluso sonido. Toma fotografías o graba con vídeo, y si en alguna sale el causante mejor, pues en el lugar de los hechos todo el mundo se muestra muy colaborador y manifiesta que asume la responsabilidad, pero luego cuando la cosa se enfría, a veces, cambia y mucho, hasta el punto de que hay sujetos que llegan a desdecirse y negar que estuvieran allí. Es muy útil, usar el móvil a modo de escaner para fotografiar documentos. Si vas a un centro médico recoge y guarda todos los documentos, y cuida que pongan correctamente cómo se ha originado el accidente. Es habitual que por ejemplo refieran caída en andén de estación, cuando la caída fue en las escaleras mecánicas, o tropezón por resbalón, que parecen lo mismo pero la primera palabra puede asociarse a culpa nuestra y el resbalón a que estaba húmedo el suelo, siendo esto la causa, y ojo, porque los seguros se agarran a un clavo ardiendo.

3º- No te cortes en llamar a la policía y a la ambulancia:  Llamar a la policía es importante para que tomen ellos también nota de lo ocurrido y si has sufrido lesiones pide que acuda una ambulancia. Estos son testigos excepcionales que luego resultarán muy útiles si acabamos en los juzgados. A este respecto, ojo con las buenas palabras y la atención que te pueda prestar en el lugar de los hechos personal o sanitarios de la instalación o trasporte donde tenga lugar el accidente. Mejor llama a la policía, que luego a todo ese personal no hay forma de encontrarlo y precisamente eso eran lo que querían con tanta amabilidad. También es usual que la pierna o el brazo no nos parezcan tan lastimados pues en caliente duele menos y pensamos que solo es el golpe. Los dolores e hinchazones muchas veces aparecen a las dos o tres horas, por lo que es mejor que avises a los servicios de emergencia médica y que te valoren en el mismo lugar del accidente.  

4º- Busca, selecciona y empatiza con los testigos: Un error muy común es que como nos acompaña nuestro un primo, no tomamos los datos de más testigos, pensando que ya tenemos al testigo-primo. Bueno, el primo es un testigo pero su valor es débil. Es mejor contar con testigos que no conocemos. Y de entre estos, hay que seleccionar a los más adecuados, pensando en dos factores: su predisposición a acudir a un juzgado a ayudarnos y su valor como testigo creíble.  Entre un estudiante y un estresado ejecutivo, es bastante más probable que el primero se muestre más predispuesto a acudir al juicio. Por otro lado, si el estudiante no reside en el lugar del accidente y el ejecutivo sí, quizás sea este mejor. Una persona de avanzada edad, quizás sea el que más tiempo libre tenga, pero si se trata de narrar por ejemplo un accidente de circulación, es posible que su capacidad visual sea cuestionada o su memoria falle, pues a veces pasa mucho tiempo hasta que se celebra el juicio. Un mal testigo puede arruinarnos todo.  En cualquier caso, dos mejor que uno y tres o cuatro todavía mejor. Ya elegirá el abogado el que sea más idóneo. Finalmente, no te limites a pedirle los datos para anotarlos. Si puedes empatiza con él, dile que le llamarás y cuánto le agradeces su ayuda y lo vital que resultaría su colaboración si fuera necesaria. Será más fácil si ha existido esa relación previa, que luego pase de acudir a testificar, que siempre supone una molestia.

5º- Valora si te interesa dejar denunciados los hechos o documentados en alguna hoja de reclamación o parte de accidente. Por lo general, siempre es recomendable dejar constancia de lo fundamental lo antes posible, para evitar sospechas posteriores de que podías no haber sufrido el accidente. No obstante, no es recomendable extenderse mucho, ni dar excesivos detalles. Limítate a contar escuetamente qué ha ocurrido y quién es el responsable. Piensa siempre que la versión que recojas en ese documento luego no va a poder ser variada. Posteriormente, acude a un abogado, para que complemente esa primera declaración según resulte más conveniente a tus intereses. 

Habría otras cuestiones luego a realizar ya más a posteriori, como guardar toda la documentación médica, y otras de esta índole, pero para ese momento ya deberías contar con un abogado que te asesore y aconseje sobre cómo proceder, pues si no lo tienes corres el riesgo de hacer algo incorrectamente y complicar la reclamación, así que, no te lo pienses más…   

Ángel López

Abogado

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Pues parece, a menos que los bancos cambien de posición, que el 2017 va a ser movidito también en lo que respecta a demandas frente a las entidades bancarias. A las preferentes, cláusulas suelo, hipotecas multidivisas, oposiciones hipotecarias, se suman ahora las demandas para la recuperación de los gastos de constitución de las hipotecas.

Ya diversos clientes me han encargado reclamar por vía judicial a su entidad bancaria los gastos de formalización de su hipoteca, habiendo recibido también muchas llamadas y correos electrónicos solicitando información en relación a esta cuestión. Y eso que creo que todavia mucha gente no se ha enterado de esta posibilidad. 

Es por ello, que siendo un tema que puede ser de interés para muchas personas -de hecho algunas fuentes hablan de unos 8 millones de afectados-, traslado esta breve nota informativa, que huyendo de tecnicismos, aborda las principales dudas que a un cliente le pueden surgir.

¿Pueden reclamarse los gastos de formalización la hipoteca?

El Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia por la que declara abusiva, en relación a una hipoteca del BBVA, la cláusula por la que se obliga al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario.

Esta cláusula está inserta, de una manera muy parecida, en la mayoría de las escrituras de préstamo hipotecario, por lo que la Sentencia abre las puertas, con bastantes posibilidades de éxito, a reclamar la devolución de todos estos gastos, para aquellas personas que tengan la consideración de consumidor.

¿Exactamente que gastos pueden reclamarse?

Hay que tener muy claro, que estamos hablando de los gastos de formalización de la hipoteca, no de los gastos de formalización de la compraventa. Cuando se adquiere una propiedad con una hipoteca, el comprador puede tener la sensación de pagar estos gastos de una forma única, pero en realidad estamos hablando de dos escrituras, cada una de las cuales genera sus propios gastos notariales, registrales y tributarios.

Este post, se publicó originalmente, en el blog de @cienpersonas, LEER EN EL BLOG CIENXCIENPERSONAS. 

Verán. Les contaré la verdad. No me apetece nada escribir este post, estoy cansado, me levanté con el alba, la jornada laboral y personal ha sido intensa, y encima, tengo un buen catarro ­-el primero de la temporada otoñal en la que nos hayamos inmersos-, pero a pesar de ello, lo voy a hacer. Lo voy a escribir. No me he vuelto loco. Sigan leyendo.

Este post lo debo. Se lo debo a este blog donde me están leyendo. A su espectacular equipo que tan bien nos trata a todos aquellos que, por una razón u otra, publicamos algo en el mismo. Pero, sobre todo, me lo debo a mí mismo. He de cumplir una misión personal, un objetivo propio que ninguna otra cosa podría saciar.

Hablamos de las tasas judiciales pero nos solemos olvidar que, junto a estas, o mejor dicho con anterioridad, pues se pusieron en noviembre de 2009 por el gobierno anterior, se introdujo otra medida tendente a impedir el acceso a la Justicia, al menos en su vertiente de acceso a los recursos: los depósitos para recurrir.

En síntesis, consisten en el abono de 25,00 o 50,00 euros, a modo de depósito, cada vez que se interponen recursos en los órdenes jurisdiccionales, penal, civil, contencioso administrativo y social (reposición, queja, revisión, apelación, casación, etc). Esto viene a ser en la práctica, siempre que se interpone un recurso ya sea contra una resolución definitiva o contra alguna cuestión procedimiental que se resuelva o dicte en el proceso. (No tiene por objeto este breve post, detallar los supuestos, pero si quiere el lector conocerlos, pueden hacerlo en las imágenes al pie).

A diferencia de las tasas, estos abonos, se devuelven en caso de estimación del recurso interpuesto, y tienen por objeto, según la disposición de motivos de la propia norma que lo introduce, el “disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio de la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso”.

Disuadir, igual algo disuaden, pero es más que dudoso, que por 25,00 o 50,00 euros nadie a quien le interese dilatar un procedimiento vía recurso, no por ello lo haga, salvo, evidentemente, que estemos hablando de pleitos de escasa cuantía o personas de reducido nivel económico. Y es aquí, obviamente, donde surge el problema, pues ni que decir tiene, que a las grandes empresas o a personas de nivel económico alto, el abonar esta suma por un recurso le resulta absolutamente indiferente. Además, la Administración esta liberada de esta carga, y fiscalía tampoco en procesos penales, donde solo las pagan las acusaciones particulares. Nuevamente, nos encontramos con una medida que disuade, pero a los pequeños, a las personas físicas de menor poder adquisitivo y a las PYMES, mientras que para el resto carece de trascendencia.

Se trata por lo tanto y fundamentalmente de una medida recaudativa, introducida por el anterior gobierno, cuando ya empezaba a tener problemas de liquidez, y como quiera que entonces la crisis aún no había dado su peor cara, y los importes que se pedían eran reducidos, las críticas se centraron más en el engorro que supone estar haciendo estos pagos, que el hecho de que pudieran suponer una limitación de acceso al derecho a recurrir.

Ahora bien, una vez introducidas las tasas judiciales, son un coste adicional más que se suma al de estas, aumentando su efecto de impedir el acceso a los Tribunales, toda vez que cuando se valoran los costes de una apelación, por poner un ejemplo, pues son otros 50,00 euritos a sumar a los 800,00 de mínimo que constituye la tasa, de los cuales, por cierto, a lo sumo, solo se recuperan esos 50,00 euros en el caso de estimación del recurso.

Para colmo, estaría por ver, si efectivamente, con esta medida se consigue descargar a los Tribunales de trabajo, porque lo cierto es que suponen un engorro, dado que deben ser abonadas antes de todo recurso, lo que no se suele hacer en la mayoría de los casos, generando la petición de subsanación por parte del Juzgado, el ingreso a posteriori, que se debe verificar, para finalmente, y tras la resolución, establecer el destino de la cantidad, que serán las arcas públicas, en unos casos, y el reintegro al justiciable si el juzgador finalmente le diera la razón. Como ven, mucho trabajo, engorroso, tanto para el que las abona, como para el que, igual, finalmente las cobra o las tiene que devolver, y todo para una cantidad bastante reducida.

Así las cosas, si está valorando si compensa poner una demanda en función de los costes, además de los costes de defensa, el IVA de esas minutas, y el pago de la tasa judicial, debería estimar, que no es de extrañar que a todos ellos haya que añadir otros 50,00 o 100,00 euros de posibles recursos que deban interponerse, y en los que igual no le dan la razón, sin que por ello su proceder sea temerario ni pretenda dilatar el procedimiento, pues muchas veces el recurso debe interponerse por agotar las posibilidades de defensa. 

Estamos, sin duda, ante una medida que sumada a las tasas, cuando menos ayuda a limitar aún más si cabe el acceso a la Justicia.

La subida de 900 euros a 2000 euros de la necesidad de pleitar con abogado y procurador, lejos de facilitar que el ciudadano pueda acceder a la Justicia con un menor coste, al prescindir de estos profesionales, ocasiona en la práctica que al final no se demande.

Para pleitos de menos de 2000 euros, como el ciudadano solo no está capacitado para llevar su defensa, intenta contratar a un abogado y procurador, pero estos no pueden asumir el encargo, por una mera cuestión de costes, dado que al no ser obligatoria su asistencia, no cabe repercutir sus honorarios en la condena en costas, por lo que el coste de su intervención se “come” el interés económico del pleito.

En definitiva, ciudadano, si su pleito es inferior a 2000 euros, o se defiende usted solo, con el riesgo que ello implica, o no es interesante hacerlo por un mera cuestión de costes.

Esto último, el que al final no se demande, es lo que suele ocurrir.

Estamos ante otra medida tendente a impedir que temas de escasa cuantía (no tan escasa 2000 euros) lleguen a los Juzgados.

Ni que decir tiene, que los grandes beneficiados son las grandes compañías y empresas de prestación de servicios o venta de productos, frente a las que el consumidor poco puede hacer, al costarle más el abogado y procurador, que lo que reclama.

El resultado, miles y miles de pequeñas injusticias se quedan sin poder ser rectificadas por los Tribunales, lo que acrecienta que las mismas se realicen masivamente, dado que los que las cometen, ya saben que no serán demandados.

#JusticiaMarcaEspaña

¡Noble es la profesión del abogado!.

Une#T a la causa, recuerda lo que eres: ABOGADO.

En la actual sociedad 2.0, en la que existen multitud de formas de publicar una información, desde un simple tweet, a un blog, un foro, o una página web, cada vez resulta más habitual la publicación de noticias o hechos, que referidos a una concreta persona o entidad, le puedan  resultar inexactos, y por ende, perjudiciales en alguna forma.  

No obstante, lo dicho en el presente comentario, resulta de aplicación a la información difundida por cualquier medio de comunicación social, por lo que también sería aplicable a cualquier comunicación pública, ya sea escrita (circulares, revistas, periódicos), sonora (radios), o visual (videos, programas de televisión).

Este derecho está regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, y debe distinguirse del Derecho de Rectificación regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en base al cual se tiene derecho a pedir gratuitamente al responsable de cualquier fichero, que rectifique, corrija o complete datos nuestros que sean inexactos o incompletos.

Tampoco debe confundirse con la tutela derivada de Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, donde el restablecimiento del derecho al honor implicará, entre otras cosas, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.

Un supuesto de restablecimiento de este Derecho al Honor, muy actual por circunscribirse al ámbito de las redes sociales, lo constituiría la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona de fecha 11 de octubre de 2012, y por la que se condena a una exconcejal de un Ayuntamiento, por intromisión ilegítima en el honor de una edil, como consecuencia de unos comentarios vertidos en Twitter, con obligación de hacer público el fallo de la condena en su cuenta durante al menos dos meses.

El ejercicio del Derecho de Rectificación que estamos analizando, nada tiene que ver con intromisiones ilegitimas al honor o al imagen de una persona, si bien, es posible que se exista la posibilidad de ejercer el Derecho de Rectificación y también concurran daños al honor, que en su caso habrá que tramitar en otro procedimiento y en base a la aludida Ley Orgánica 1/1982.

Bien, ¿Pero qué es entonces el llamado Derecho de Rectificación de la Ley Orgánica 2/1984?