Angel López - Abogado

TASA JUDICIAL EN LA SOMBRA PARA LOS CONSUMIDORES Y EN BENEFICIO DE LA BANCA.

16:25Ángel López González

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17:47Ángel López González

justicia tasas judiciales

Tasas Judiciales, Vetos, Cláusulas Suelo y una pregunta que les quiero hacer.

3:52Ángel López González

Una de las cuestiones políticas en materia de Justicia sobre las que existe un mayor consenso es la necesidad de exonerar a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y entidades sin ánimo de lucro de las infames tasas judiciales.

Desde Brigada Tuitera llevamos años movilizando al sector jurídico y a la ciudadanía, para lograr que los partidos políticos de la oposición al Gobierno presentaran en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley tendente a lograr dicha exoneración.

No les quiero aburrir, pero si quieren conocer más sobre esta lucha, las acciones realizadas por Brigada Tuitera y sus progresivos, pero constantes pasos, hasta lograr que dicha Proposición de Ley se presentara en el Congreso, pueden visitar el blog de La Brigada Tuitera, que con sus limitados medios viene a recoger y a documentar todo ese largo viaje.

Tanto el Partido Socialista, como Ciudadanos y Podemos, incorporaron en sus programas electorales el compromiso de derogar las tasas para PYMES y ONGs, existiendo consenso entre todas ellas, para sacar una Ley en el Congreso que lo hiciera realidad. En teoría y dado que las tres fuerzas políticas juntas suman mayoría absoluta, no debería haber habido problemas para ello.

La Proposición de Ley se llegó a presentar por el Grupo Socialista en el Congreso. En realidad creo recordar que Ciudadanos presentó también una propuesta unos días antes, pero no he encontrado referencias en la prensa en relación a ello. Es lo de menos, podrían haber sido cualquiera de los grupos de la oposición, pues como les digo, hay consenso en ello y hasta en la micro legislatura anterior el Proyecto de Ley fue aprobado a tramitación con los votos a favor del Partido Popular.

¿Por qué no se ha aprobado ni se están tramitando estas Proposiciones de Ley? Por la sencilla razón de que el Gobierno ha echado mano del artículo 134.6 de la Constitución Española, por el cual “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

En definitiva, que la Constitución concede al Gobierno la capacidad de vetar u oponerse a la tramitación parlamentaria de Proposiciones de Ley que afecten a los ingresos o gastos presupuestarios, como sucede con esta iniciativa de derogación de las tasas judiciales.

Voy a dejar al margen el debate sobre la conveniencia o no de este singular derecho de veto, que en la práctica supone un bloqueo del poder legislativo por parte del ejecutivo, por lo que, en principio, parece que, al menos, desde el punto de vista político, solo procedería hacer un uso del mismo muy excepcional. Poder legislativo, no olviden, formado por las Cortes Generales, que según el artículo 66 de nuestra Constitución “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”, por lo que es bastante obvio a quién está vetando realmente el Gobierno.

Lo cierto es que parece que la posibilidad de veto existe y que nuestro actual Gobierno lo está aplicando sin piedad. Nada podemos hacer frente a ello desde el punto de vista jurídico. Ajo y agua, que se suele decir. Los ciudadanos quedamos vetados y nuestros representantes, los partidos de la oposición, neutralizados. De nada han servido las quejas y lamentos de los Diputados, cuyas propuestas legislativas en materia de Justicia no se pueden tramitar. Solo podemos tomar nota de la forma de proceder del Gobierno para, en las próximas elecciones, actuar nosotros en consecuencia.

Ahora bien, recordarán ustedes que hace unas semanas el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley en materia de Justicia para, supuestamente, proteger a los consumidores, habilitando un procedimiento extrajudicial de reclamación a los bancos por el tema de las cláusulas suelo. En realidad, se trata más bien de todo lo contrario. Es una normativa pensada para que los Bancos, si quieren, puedan dar una solución extrajudicial, total o parcial, al asunto, y si no quieren, minorar sus posibilidades de que sufran una condena en costas si finalmente son demandados judicialmente. (Si quieren más información Verónica del Carpio lo explica muy bien en este artículo)

Pues resulta que esos Diputados, del PSOE y Ciudadanos, cuyas Propuestas de Leyes en materia de Justicia el Gobierno veta sin compasión alguna, han corrido raudos y veloces a pactar con el Gobierno el texto del Decreto Ley, para posteriormente convalidar el mismo en el Congreso de los Diputados.

Es decir, que el Gobierno les veta sus propuestas de leyes, nuestras leyes en realidad, dado que son nuestros representantes y estos corren a firmar leyes con el mismo Gobierno que les veta, sin que hayan negociado ni canjeado dicho voto a favor de esa ley por absolutamente ninguna otra. Cosa, que en su caso, y en el hipotético supuesto de que estuviéramos por la labor dar el sí quiero, yo creo que cuando menos, habríamos exigido cualquiera.

Y llegados a este punto, tras darle muchas vueltas a la razón de que esto esté pasando y queriendo pensar en positivo, pues no creo que hayan votado a favor para beneficiar a los bancos, ni por aliarse con el Gobierno o muchos menos, por traicionar a sus votantes y representados, la pregunta que me hago y en relación a la que me gustaría conocer su opinión es:

¿No habremos votado a idiotas?