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Modelo de Carta al Decano y Junta de Gobierno sobre el nefasto Anteproyecto de Mediación.
23:06Ángel López González
Como me consta que estamos todos siempre hasta arriba de trabajo y ya tenía yo redactada la Carta que remití a mi Decano, con algunas variaciones he realizado un borrador o modelo de la misma, que entiendo vale para hacer llegar a cualquier otro Decano o Diputado.
Por supuesto, es es libre utilización, podéis cortar, pegar y modificar al gusto.
Contra más se envíen, obviamente, mejor y si además hacéis público el envío, tendrá mucho más efecto.
Abrazo,
Ángel López.
Abogado
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Estimado
Decano/a, D/Dª XXXXXX y Diputados de la Junta de mi colegio
profesional, el Colegio de Abogados de XXXXX:
Me
permito escribir estas lineas en relación al llamado Anteproyecto de
Ley de Impulso de la Mediación, reforma legislativa, en avanzado
desarrollo por parte del Ministerio de Justicia, y que, como
compartirás, presentará una gran incidencia en el ejercicio diario
profesional de ponerse en marcha.
Este
Anteproyecto, que ya adelanto, califico de nefasto, tanto para los
justiciables, como para los abogados, consagra eso que el propio
preámbulo denomina, como “Mediación Mitigada Obligatoria”, lo
que no es sino una carga procesal obligatoria, que no admite
excepción alguna y que soslaya el derecho a decidir de los clientes,
y por ende de sus letrados, en tanto que asesores jurídicos
principales de los mismos.
Quiero
resaltar, que mi oposición, no lo es a la Mediación, sistema
alternativo que considero útil y beneficioso, sino a un
Anteproyecto, que pervierte la propia esencia de voluntariedad
implícita en toda mediación ‒obviamente
no hasta el punto de anular la voluntad de los justiciables en orden
a resolver su conflicto por una vía alternativa‒,
pero sí, privilegiando dicha vía, al colocar a los clientes,
forzosamente e incluso en contra de su voluntad, en una posición
tendente a que terceros interesados y no imparciales, influyan sobre
sobre ellos ‒no se dice durante cuánto tiempo ni con qué fórmulas‒, para que medien y pacten, con el agravante de que,
además, les deben abonar dicho supuesto “servicio”.
El
Anteproyecto impone, sin cortapisas, la carga para el demandante que
requiere de tutela judicial efectiva ‒de
momento para una serie de supuestos tasados‒,
de acudir, previamente y en tanto que requisito de procesabilidad, a
sesiones informativas de mediación y a iniciar una sesión
exploratoria ante un mediador, permitiendo a su vez, y para cualquier
asunto, e incluso en segunda instancia, y con la expresa negativa de
las partes y sus letrados, que los jueces les obliguen a pasar por
dicho trámite.
En
definitiva, la reforma, con la que entiendo que no estarás tampoco
de acuerdo:
- Supone una privación de la capacidad de decisión de los justiciables y de sus abogados, en tanto que defensores legales de los mismos, presuponiendo que los primeros, pleitean por capricho o desconocimiento, como si acceder a la Justicia, derecho de rango constitucional, fuera algo criticable, merecedor de reproche o una posibilidad no aceptable o recomendable.
- Los justiciables, son obligados, en contra de su opinión, a pasar por una carga procesal que supone costes de tiempo y abono de honorarios, y ello, incluso en el supuesto de que ya conozcan la mediación y no tengan ninguna intención de resolver su conflicto por esa vía, lo que es total y absolutamente respetable.A este respecto, existen cientos, igual hasta miles, de cuestiones, sobre la que pudiera entenderse que es necesario o conveniente informar a un ciudadano. Por citar algunas, a modo de mero ejemplo: desde las consecuencias del consumo de drogas, los peligros de no vacunar a los hijos, de tomar el sol sin protección solar, etc. Hasta el momento, a nadie se le ha ocurrido la conveniencia de obligar a los ciudadanos a que se informen sobre ello y encima tengan que pagarse el coste de dicha información. Igual esto de "obligar" a los ciudadanos es la nueva tendencia, a mi, por lo pronto, me recuerda a otros tiempos.
- Para los abogados, supone soslayar su criterio, en tanto que asesores y defensores legales principales y directores del derecho de defensa que tienen encomendados, presuponiendo que no informan adecuadamente a los clientes de la existencia de medios alternativos de resolución de conflicto, como si los mismos, abocaran a los clientes a demandar, cuando no es de su interés o incluso cuando les puede resultar perjudicial. Doy por supuesto, que mi Colegio no puede estar de acuerdo en estas infundadas creencias sobre sus abogados.
- Además, para los abogados, ocasionan, que incluso en contra de su criterio, otro compañero e incluso supuestos profesionales ajenos a esta profesión y que le vienen dados, analicen y se entrometan en su encargo profesional, sin que exista posibilidad alguna de evitarlo. Jamás (o al menos yo siempre he respetado, considerándolo una norma básica de educación entre compañeros) se me ha ocurrido, intervenir en el asunto que está siendo defendido por otro compañero. Igual esta es otra nueva tendencia.
La
realidad es, que al margen de todo lo anterior, el Anteproyecto, presenta similitudes claras con las
Tasas Judiciales, en su día tan protestadas desde este Colegio
Profesional, dado que ambos mecanismos, suponen en la práctica la
obligación de realizar un pago antes o como requisito previo para
acceder a la justicia, con el agravante de que ahora, el justiciable,
va a ser forzado no solo a realizar un desembolso económico, sino a a asistir
personalmente a una reunión (lo que no deja de ser un coste), para
que le presten un “servicio”, que no tiene porque querer, ni
serle útil, absolutamente para nada.
Por
otro lado, marca una tendencia normativa nefasta e infame, que
evidencia una claro deseo del Ministerio de privatizar la Justicia,
cuestión que ya debería encender todas las alarmas, pues es
tendente a forzar, se dice, mitigadamente, la solución de un
problema legal, por vías alternativas y diferentes, del derecho a la
tutela judicial efectiva, como si recabar y hacer uso de dicho
derecho de rango constitucional, fuera reprochable.
Es
por todo, que en tanto que mi representante institucional, junto con
los miembros de la Junta de Gobierno, a los que agradezco realices el
oportuno traslado del contenido de esta comunicación, os solicito, formalmente, que posicionen al Colegio clara y públicamente en
contra del Anteproyecto, y realicen, todo cuanto esté en su mano,
para que dicho Anteproyecto Legal y la nefasta tendencia normativa que marca no vean la luz.
Sin
otro particular y deseando se acoja mi petición, recibid un
afectuoso saludo.
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Publicado el 16/02/2019.
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