justicia
tasas judiciales
Tasas Judiciales, Vetos, Cláusulas Suelo y una pregunta que les quiero hacer.
3:52Ángel López
Una de las cuestiones políticas en
materia de Justicia sobre las que existe un mayor consenso es la necesidad de
exonerar a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y entidades sin ánimo de
lucro de las infames tasas judiciales.
Desde Brigada Tuitera llevamos
años movilizando al sector jurídico y a la ciudadanía, para lograr que los partidos
políticos de la oposición al Gobierno presentaran en el Congreso de los
Diputados un Proyecto de Ley tendente a lograr dicha exoneración.
No les quiero aburrir, pero si quieren
conocer más sobre esta lucha, las acciones realizadas por Brigada Tuitera y sus progresivos, pero constantes pasos,
hasta lograr que dicha Proposición de Ley se presentara en el Congreso, pueden
visitar el blog de La Brigada Tuitera, que con sus limitados medios viene a
recoger y a documentar todo ese largo viaje.
Tanto el Partido Socialista, como
Ciudadanos y Podemos, incorporaron en sus programas electorales el compromiso
de derogar las tasas para PYMES y ONGs, existiendo consenso entre todas ellas,
para sacar una Ley en el Congreso que lo hiciera realidad. En teoría y dado que
las tres fuerzas políticas juntas suman mayoría absoluta, no debería haber
habido problemas para ello.
La Proposición de Ley se llegó a
presentar por el Grupo Socialista en el Congreso. En realidad creo recordar que Ciudadanos presentó también una propuesta unos días antes, pero no he encontrado referencias en la prensa en relación a ello. Es lo de menos, podrían haber sido cualquiera de los grupos de la oposición, pues como les digo, hay consenso en ello y hasta en la micro legislatura anterior el Proyecto de Ley fue aprobado a tramitación con los votos a favor del Partido Popular.
¿Por qué no se ha aprobado ni se
están tramitando estas Proposiciones de Ley? Por la sencilla razón de que el Gobierno ha echado mano del artículo
134.6 de la Constitución Española, por el cual “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o
disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del
Gobierno para su tramitación”.
En definitiva, que la Constitución
concede al Gobierno la capacidad de vetar u oponerse a la tramitación
parlamentaria de Proposiciones de Ley que afecten a los ingresos o gastos
presupuestarios, como sucede con esta iniciativa de derogación de las tasas
judiciales.
Voy a dejar al margen el debate
sobre la conveniencia o no de este singular derecho de veto, que en la práctica
supone un bloqueo del poder legislativo por parte del ejecutivo, por lo que, en
principio, parece que, al menos, desde el punto de vista político, solo
procedería hacer un uso del mismo muy excepcional. Poder legislativo, no
olviden, formado por las Cortes Generales, que según el artículo 66 de nuestra Constitución “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado”, por lo que es bastante obvio a quién está vetando
realmente el Gobierno.
Lo cierto es que parece que la posibilidad
de veto existe y que nuestro actual Gobierno lo está aplicando sin piedad. Nada
podemos hacer frente a ello desde el punto de vista jurídico. Ajo y agua, que
se suele decir. Los ciudadanos quedamos vetados y nuestros representantes, los
partidos de la oposición, neutralizados. De nada han servido las quejas y
lamentos de los Diputados, cuyas propuestas legislativas en materia
de Justicia no se pueden tramitar. Solo podemos tomar nota de la forma de
proceder del Gobierno para, en las próximas elecciones, actuar nosotros en
consecuencia.
Ahora bien, recordarán ustedes
que hace unas semanas el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley en materia de
Justicia para, supuestamente, proteger a los consumidores, habilitando un
procedimiento extrajudicial de reclamación a los bancos por el tema de las cláusulas
suelo. En realidad, se trata más bien de todo lo contrario. Es una normativa
pensada para que los Bancos, si quieren, puedan dar una solución extrajudicial,
total o parcial, al asunto, y si no quieren, minorar sus posibilidades de que
sufran una condena en costas si finalmente son demandados judicialmente. (Si quieren más información Verónica del Carpio lo explica muy bien en este artículo)
Pues resulta que esos Diputados,
del PSOE y Ciudadanos, cuyas Propuestas de Leyes en materia de Justicia el Gobierno
veta sin compasión alguna, han corrido raudos y veloces a pactar con el
Gobierno el texto del Decreto Ley, para posteriormente convalidar el mismo en
el Congreso de los Diputados.
Es decir, que el Gobierno les
veta sus propuestas de leyes, nuestras leyes en realidad, dado que son nuestros
representantes y estos corren a firmar leyes con el mismo Gobierno que les veta,
sin que hayan negociado ni canjeado dicho voto a favor de esa ley por
absolutamente ninguna otra. Cosa, que en su caso, y en el hipotético supuesto de que estuviéramos por la labor dar el sí quiero, yo creo que cuando menos, habríamos exigido cualquiera.
Y llegados a este punto, tras darle
muchas vueltas a la razón de que esto esté pasando y queriendo pensar en
positivo, pues no creo que hayan votado a favor para beneficiar a los bancos, ni por
aliarse con el Gobierno o muchos menos, por traicionar a sus votantes y representados, la pregunta que me hago y en relación a la que me gustaría conocer su
opinión es:
¿No habremos votado a idiotas?
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