Dice el artículo 117.3 de la Constitución Española, que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”: juzgar y ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces y magistrados, esto es, al Poder Judicial.

Lo anterior no deja de ser una consecuencia de la deseable y necesaria separación de poderes, pues tan relevante resulta, que jueces, de forma independiente, juzguen y resuelvan los procesos, como que sean estos, con igual independencia e imparcialidad, los que hagan cumplir las resoluciones y sentencias. ¿De qué serviría en otro caso, una sentencia, si luego el cumplimiento real de la misma no depende de jueces independientes sino de otros sujetos o de los poderes políticos?

Bien, pues esto, se está cambiando por la vía de los hechos: el Ministerio de Justicia, se está apropiando, al menos en la práctica, de la "espada de la Justicia". Y lo peor es que está pasando y ni siquiera nos estamos dando cuenta.

Verán, a finales de octubre de 2015, en el último Consejo de Ministros, días antes del inicio de elecciones de diciembre de 2015, el Ministro de Justicia, Rafal Catalá Polo, y el actual Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy Brey, sorprendían inaugurando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (“ORGA”) lo que se calificaba y vendía a la opinión pública como el “Compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción”, y en palabras del Ministro de Justicia como “un instrumento más en la lucha sin cuartel que está desarrollando el Gobierno contra la criminalidad organizada y la corrupción”.

Como puse de manifiesto en aquellas fechas y documente un año después, en este articulo, tras publicar la ORGA su primera memoria anual de actividad, la Oficina fue esencialmente un movimiento de escenificación política de cara a las elecciones: la corrupción acechaba el Gobierno –hoy casi resulta cómica esta afirmación pues nos hemos acostumbrado a ello– y urgía aparentar que se luchaba contra ella.  

Tanto el Ministro de Justicia, como el Presidente del Gobierno, usaron durante la campaña electoral la noticia de la creación de la ORGA, como el compromiso en firme del Gobierno de luchar contra la corrupción, de hecho pudimos ver a Mariano Rajoy en Televisión Española, diciendo “He inaugurado yo una oficina el pasado viernes porque hemos aprobado una ley que obliga a aquellas personas que han robado a devolver aquello que han robado”, a pesar de que la inaugurada Oficina contra la Corrupción, ni existía en aquel entonces, se acababa de crear en Consejo de Ministros y los funcionarios con los que Mariano Rajoy se hizo las fotografías para vender a la opinión pública eran meros funcionarios del Ministerio de Justicia. Así lo contó ElPlural en esta noticia. 

El análisis del primer año de actividad de la ORGA, como se puede leer en el artículo al que me referido, no podía ser más cómico, básicamente se había  dedicado a destruir vehículos que estaban en depósitos judiciales, nada de buscar bienes de corruptos en paraísos fiscales, ni nada remotamente parecido, ahora bien, ya entonces, concluía el articulo con la siguiente reflexión: “De los peligros, de que exista una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que en vez de depender del Poder Judicial, dependa del Poder Ejecutivo, en definitiva, del Gobierno de turno, hablamos otro día, pero no es difícil de intuir a quiénes van a buscar activos con mayor esmero y a quiénes no, si es que esta Oficina algún día hace algo más que destruir vehículos”. 

El tiempo ha pasado y la ORGA ha ido creciendo, así como y su actividad, que aunque todavía minoritaria también ha aumentado, y lo peor, parece que ha venido para quedarse y lo que en mí ha hecho que sonaran todas las alarmas: el Ministerio de Justicia ha extendido su implantación a todo el territorio nacional, otorgándola rango de Dirección General (al mismo nivel que la Dirección General de los Registros y del Notariado) poniendo al frente de ella a toda una Directora General (por supuesto dependiente del Ministerio de Justicia), que tiene un sueldo de 89.399,75 euros (el del Ministro es de 74.975,55€), hecho que no solo es ya de por sí una pasada, sino que demuestra que esto va bastante en serio y que la ORGA es muy importante para el Ministerio.

La ORGA en sí misma no es una mala idea, se trata de que exista una Institución u Órgano especializado, que colabore y asista a los Juzgados, que no olvidemos son los que tienen que hace cumplir los fallos, en la ejecución y búsqueda de bienes de aquellos que hayan sido condenados en procedimientos penales, civiles o de otra índole, y posteriormente, facilite su embargo y subasta. Hoy en día, ciertamente, para buscar bienes en general, de una forma eficaz y todavía más en el extranjero o en paraísos fiscales, hacen falta importantes medios, personal especializado y sobre todo, muchos acuerdos de colaboración con entidades y terceros estados. El problema, como ocurre con LEXNET, el sistema de comunicaciones judiciales, es quién está al frente y quién decide dentro de esa Institución u Órgano especializado qué se busca.

Obviamente, en toda la configuración legal de la ORGA, se han cuidado mucho de que esta Oficina, siempre sea de auxilio y de uso voluntario por parte de los Jueces: lo contrario sería manifiestamente inconstitucional, por cuanto, como hemos visto, es a los jueces a los que corresponde ejecutar las sentencias, esto es lo que gráficamente podemos llamar, "mover la espada". Ahora bien, basta ver la Memoria del 2017 de la ORGA, para advertir que sus objetivos a medio y corto plazo son que la inmensa mayoría de las ejecuciones de los jueces pasen por sus manos: con el colapso que tienen los jueces, la tendencia va ser esa y no es de extrañar que cada vez sean más los que "reposen su espada" en este nuevo Organismo que tan generosamente el Ministerio de Justicia pone a su entera disposición. ¡No saben nada!

De este manera, por la vía de los hechos, por la vía de colapsar a los jueces y no darles medios, para que sean ellos, los que levanten y muevan la espada, el Ministerio se está apoderando de la misma. Estamos en realidad, ante una nueva apropiación por parte del Ministerio de Justicia de competencias que solo deberían estar en manos del Poder Judicial.

La ORGA es necesaria, y de hecho por lo que he podido investigar, existe en otros muchos países de Europa, pero al frente de la misma, como ocurre con LEXNET, debería estar el Consejo General del Poder Judicial y jueces independientes, lo contrario es dejar en manos del Ministerio de Justicia, no olvidemos, Poder Político o Ejecutivo, "la espada" de la Justicia y que por lo tanto, sea el Gobierno, el que decida a quién investiga con más empeñó y quién no, y eso, es por un lado un arma política sin precedentes, a través del que se puede perseguir a ponentes políticos, y por otro, una liberación y válvula de escape para la corrupción que reina en este país y muy especialmente en el partido del Gobierno, pues si te han condenado, pero "controlas la espada", la sentencia puede quedarse en papel mojado, al menos en lo que respecta a las cuestiones económicas –para los años de prisión ya sabemos que están los indultos y además en  corrupción a los 4 días están en la calle–.

Conociendo como conocemos a este Gobierno y la gran cantidad de procesos de corrupción que tiene en sus filas, así como lo poco o nada que le importa en realidad la Justicia, el que esté dedicando tanto esfuerzo y dinero a esto, es muy preocupante, por lo que nuevamente y al igual que ocurre con Lexnet, hay que reclamar y exigir que la espada siga bajo control total de jueces y magistrados, por cuanto conforme a la Constitución y al sentido común, es a los que les corresponde de forma imparcial e independiente ejecutar lo juzgado, sin injerencia alguna interesada del Ministerio de Justicia en dicha labor.

Les advierto, que ya vamos tarde.  

Angel López 

Abogado 

Una de las cuestiones políticas en materia de Justicia sobre las que existe un mayor consenso es la necesidad de exonerar a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y entidades sin ánimo de lucro de las infames tasas judiciales.

Desde Brigada Tuitera llevamos años movilizando al sector jurídico y a la ciudadanía, para lograr que los partidos políticos de la oposición al Gobierno presentaran en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley tendente a lograr dicha exoneración.

No les quiero aburrir, pero si quieren conocer más sobre esta lucha, las acciones realizadas por Brigada Tuitera  y sus progresivos, pero constantes pasos, hasta lograr que dicha Proposición de Ley se presentara en el Congreso, pueden visitar el blog de La Brigada Tuitera, que con sus limitados medios viene a recoger y a documentar todo ese largo viaje.

Tanto el Partido Socialista, como Ciudadanos y Podemos, incorporaron en sus programas electorales el compromiso de derogar las tasas para PYMES y ONGs, existiendo consenso entre todas ellas, para sacar una Ley en el Congreso que lo hiciera realidad. En teoría y dado que las tres fuerzas políticas juntas suman mayoría absoluta, no debería haber habido problemas para ello.

La Proposición de Ley se llegó a presentar por el Grupo Socialista en el Congreso. En realidad creo recordar que Ciudadanos presentó también una propuesta unos días antes, pero no he encontrado referencias en la prensa en relación a ello. Es lo de menos, podrían haber sido cualquiera de los grupos de la oposición, pues como les digo, hay consenso en ello y hasta en la micro legislatura anterior el Proyecto de Ley fue aprobado a tramitación con los votos a favor del Partido Popular.   

¿Por qué no se ha aprobado ni se están tramitando estas Proposiciones de Ley? Por la sencilla razón de que el Gobierno ha echado mano del artículo 134.6 de la Constitución Española, por el cual “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

En definitiva, que la Constitución concede al Gobierno la capacidad de vetar u oponerse a la tramitación parlamentaria de Proposiciones de Ley que afecten a los ingresos o gastos presupuestarios, como sucede con esta iniciativa de derogación de las tasas judiciales.

Voy a dejar al margen el debate sobre la conveniencia o no de este singular derecho de veto, que en la práctica supone un bloqueo del poder legislativo por parte del ejecutivo, por lo que, en principio, parece que, al menos, desde el punto de vista político, solo procedería hacer un uso del mismo muy excepcional. Poder legislativo, no olviden, formado por las Cortes Generales, que según el artículo 66  de nuestra Constitución “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”, por lo que es bastante obvio a quién está vetando realmente el Gobierno.

Lo cierto es que parece que la posibilidad de veto existe y que nuestro actual Gobierno lo está aplicando sin piedad. Nada podemos hacer frente a ello desde el punto de vista jurídico. Ajo y agua, que se suele decir. Los ciudadanos quedamos vetados y nuestros representantes, los partidos de la oposición, neutralizados. De nada han servido las quejas y lamentos de los Diputados, cuyas propuestas legislativas en materia de Justicia no se pueden tramitar. Solo podemos tomar nota de la forma de proceder del Gobierno para, en las próximas elecciones, actuar nosotros en consecuencia.  

Ahora bien, recordarán ustedes que hace unas semanas el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley en materia de Justicia para, supuestamente, proteger a los consumidores, habilitando un procedimiento extrajudicial de reclamación a los bancos por el tema de las cláusulas suelo. En realidad, se trata más bien de todo lo contrario. Es una normativa pensada para que los Bancos, si quieren, puedan dar una solución extrajudicial, total o parcial, al asunto, y si no quieren, minorar sus posibilidades de que sufran una condena en costas si finalmente son demandados judicialmente. (Si quieren más información Verónica del Carpio lo explica muy bien en este artículo)

Pues resulta que esos Diputados, del PSOE y Ciudadanos, cuyas Propuestas de Leyes en materia de Justicia el Gobierno veta sin compasión alguna, han corrido raudos y veloces a pactar con el Gobierno el texto del Decreto Ley, para posteriormente convalidar el mismo en el Congreso de los Diputados.

Es decir, que el Gobierno les veta sus propuestas de leyes, nuestras leyes en realidad, dado que son nuestros representantes y estos corren a firmar leyes con el mismo Gobierno que les veta, sin que hayan negociado ni canjeado dicho voto a favor de esa ley por absolutamente ninguna otra. Cosa, que en su caso, y en el hipotético supuesto de que estuviéramos por la labor dar el sí quiero, yo creo que cuando menos, habríamos exigido cualquiera.

Y llegados a este punto, tras darle muchas vueltas a la razón de que esto esté pasando y queriendo pensar en positivo, pues no creo que hayan votado a favor para beneficiar a los bancos, ni por aliarse con el Gobierno o muchos menos, por traicionar a sus votantes y representados, la pregunta que me hago y en relación a la que me gustaría conocer su opinión es:

¿No habremos votado a idiotas? 

Aunque el clima pretende despistarnos, lo cierto es que avanzamos inexorablemente hacia las Navidades. Tiempo en el que siempre me gustó escribir algún cuento. Al fin y al cabo, en estas entrañables fechas nos volvemos todos un poco niños. Así debe ser.

El año pasado escribí este, “Sueños deJusticia, sueños de #T” que pueden leer en el enlace y este año voy a adelantarme un poco, al final de la lectura creo que entenderán la razón.

Voy a contarles, algunas cosas que le pasaron ayer a Pedro, el vecino de abajo, un tipo simpático y agradable, que es muy parecido a alguno de los vecinos que todos tenemos.

Todos nos levantamos por la mañana en nuestras casas sanos y salvos gracias a que los arquitectos que proyectan indebidas edificaciones o los constructores que emplean inadecuados materiales son de ordinario juzgados y condenados. Pedro también se levantó así ayer. Por cierto que tuvo suerte y nadie le asaltó la casa, parece que el que fueran condenados los integrantes de esas bandas organizadas que las desvalijan mientras sus ocupantes duermen y que actuaban por su barrio –tal y como leyó en el periódico la noche anterior–, ha reducido las posibilidades de que su casa fuera una de las violentadas de la noche.  

Desayunamos, Pedro siempre menos que nosotros –para que nos vamos a engañar–, pero todos tranquilos, porque sabemos que los productos que hemos comprado en el supermercado han sido elaborados y mantenidos con materias y en lugares en buenas condiciones. En otro caso, los fabricantes, distribuidores o vendedores serian castigados con importantes sanciones, o incluso, si la cosa fuera muy grave, podrían llegar a entrar en prisión. Así que Pedro desayuna tranquilo, sabiendo que no acabará, al menos hoy, en urgencias. Otra cosa será, el viernes que es la cena de navidad de la empresa. Pero no nos desviemos, que esa es otra historia. Se viste y la ropa no le produce ningún sarpullido, es una casualidad –o quizás no– que la misma no lleve ninguna fibra altamente irritante para la piel, con lo sensible que tiene la epidermis nuestro vecino.

Baja al garaje y allí está el nuevo orgullo de Pedro. Ese otro vecino imbécil, que todos tenemos, al que tan mal le cae Pedro y que tanta envidia le tiene por haberse comprado ese coche nuevo, le ha dado miedo la posibilidad de acabar en el Juzgado si alguien le ve, así que no se lo ha arañado. Tampoco sería tan grave si lo hubiera hecho. Al fin y al cabo, tiene un buen seguro, libre de clausulas abusivas, o al menos, no fundamentales, porque en otro caso la Justicia las eliminaría y de nada servirían, así que la aseguradora no se molestado en introducirlas en el clausulado de la póliza. Por cierto, que a Pedro, el coche nuevo, le parece que se le desvía hacia la derecha. Luego lo llevará, que aún está en garantía y se lo arreglarán sin problemas. Obviamente el concesionario no querrá verse en los Juzgados. Es una suerte, que la ley y la Justicia amparen a Pedro.

—Uffff, ya entiendo el motivo de este atasco. ¡Vaya golpe que se han dado! ¿De quién será la culpa? —piensa Pedro—. Ya lo aclararán en el Juzgado. Ojala le retiren el carnet, que no quisiera encontrármelo otra mañana por aquí, —exclama Pedro—.

Nuestro vecino llego al final al trabajo unos diez minutos tarde. Menos mal, que tiene un motivo, sino ese Jefe suyo, terriblemente chapado a la antigua, le ponía de patitas en la calle, lo está deseando. Claro, que no puede. Sabe que Pedro ganará el despido en los Tribunales. Así que Pedro no se preocupa demasiado. Le quedan ocho horas por delante de duro trabajo, claro que si por su Jefe fuera serian doce y no le dejaría ni parar para el desayuno. Benditos sindicatos que cuando la empresa intentó reducir el rato de descanso, le pararon los pies en seco en los Juzgados. Aun así es un suplicio para Pedro estar siempre con la espada de Damocles de un posible despido sobre su cabeza. Bueno, al menos sabe que le corresponde una buena indemnización, lo malo es que desconoce que los Juzgados ahora tardan años en resolver un despido...

Es la hora de recoger a los críos del Colegio, menos mal que en la empresa de su pareja no les ha quedado otra que aceptar la reducción de su jornada laboral y así ella los puede llevar por la mañana. Pedro no quiere ni pensar qué haría de no ser así, la empresa, finalmente tuvo que aceptar esa reducción. Bien que lo discutió, pero fue enseñar unas viejas sentencias que le facilitó su vecino de arriba y todo se solucionó rápidamente.

Por fin un rato de relax para Pedro. Le gusta ver todas las noches el telediario, a ver cómo va el mundo. —Otra vez, este nuevo Alcalde ha vuelto a meter la mano en la caja. Pero si echamos al otro por ladrón—. Claro que no me extraña, —piensa Pedro—, no le ha pasado nada, sigue a la espera de juicio y probablemente se morirá antes de que pise una cárcel.

Pedro llamó anoche a los abuelos y recibió una excelente noticia. El Juzgado les ha dado la razón y tienen que devolverles el dinero de las preferentes. Ya se veía que tenía que dejarles dinero, con esa pensión los pobres no llegan a fin de mes. Claro que el Abogado les ha advertido que cabe recurso y que igual tienen que esperar un poco para recibir el dinero. —No será tanto, la Justicia no es tan lenta, —piensa Pedro. Aun así, es una gran noticia para terminar el año, habrá que celebrarlo estas Navidades.

Pedro esa noche se acostó pronto, no sin antes meditar en las cosas del día y en su voto en estas elecciones del próximo día 20. Lo tiene claro, mañana revisará los programas de los partidos. La Justicia es muy importante en su vida. Esta vez, hará caso a esos de la Brigada Tuitera, ciertamente #DecideJusticia.   

  

Moraleja: Como bien, recalca Verónica del Carpio en su último post “La Justicia sí da votos” y también yo ya expresé en “Los pleitos de otros, garantes de nuestra situación de Justicia” resulta irrelevante que no hayamos pisado un juzgado ni lo pisemos en toda nuestra vida. “Permitamos o facilitemos que miles de situaciones injustas no sean rectificadas por los juzgados, y nos encontraremos con un sistema en el que la injusticia y el abuso, y los que gustan de ello, campen a sus anchas y nos ataquen constantemente.”

La Justicia sí da votos, porque nos afecta cada día, a cada uno de nosotros y cada vez el ciudadano es más consciente de ello. Otra cosa es que los políticos todavía no se hayan percatado. Ya sabemos que suelen ir varios pasos por detrás de la sociedad.

#T odos a votar. Con suerte, como dice José Muelas, en primavera nos pasearemos por un país más Justo y habrá sido gracias a #T odos. 

Ah, y Feliz Navidad. 

Esto de la Brigada Tuitera acabará por volverme loco. He tenido un sueño muy extraño en el que todo parecía real. Es muy curioso, porque lo recuerdo perfectamente.

Había regresado a mi niñez, unos 8 años debía tener. Era sábado. Uno de esos días de  febrero en los que luce un sol radiante pero hace mucho frío. Mi padre, esa mañana, no había encendido la calefacción y se había limitado a indicarnos que nos pusiéramos unos jerséis sobre el pijama. Supongo que trataba de ahorrar algo, pues la economía familiar no andaba boyante en aquella época. Como cada sábado, bajó a comprar el periódico, algo que no hacía entre semana porque solían tenerlo en el bar donde almorzaba.

Yo esperaba a que lo ojeara, a que comenzara mi turno. Él lo solía leer en profundidad a la noche. Quizás necesitaba asimilar los titulares para luego entrar en el fondo de los artículos tras algún tipo de meditación sobre ellos. Una forma, de que su pensamiento no fuera totalmente superado por la línea editorial del periodista en cuestión. Quizás, simplemente, no le apetecía leer mucho a esas horas. La verdad es que no lo sé. El caso es que, tras esa lectura rápida, pero espartana y minuciosa, llegaba mi turno.

Entonces el periódico quedaba libre, lo que me permitía cogerlo. Yo no lo leía como él. Mi lectura era arbitraria, me paraba en lo que me llamaba la atención, y me saltaba lo que no. La mayoría de las noticias no las entendía. Pero aquella mañana, me llamó mucho la atención una que decía así: “El Consejo de Ministros suprime totalmente las Tasas Judiciales”.

La subida de 900 euros a 2000 euros de la necesidad de pleitar con abogado y procurador, lejos de facilitar que el ciudadano pueda acceder a la Justicia con un menor coste, al prescindir de estos profesionales, ocasiona en la práctica que al final no se demande.

Para pleitos de menos de 2000 euros, como el ciudadano solo no está capacitado para llevar su defensa, intenta contratar a un abogado y procurador, pero estos no pueden asumir el encargo, por una mera cuestión de costes, dado que al no ser obligatoria su asistencia, no cabe repercutir sus honorarios en la condena en costas, por lo que el coste de su intervención se “come” el interés económico del pleito.

En definitiva, ciudadano, si su pleito es inferior a 2000 euros, o se defiende usted solo, con el riesgo que ello implica, o no es interesante hacerlo por un mera cuestión de costes.

Esto último, el que al final no se demande, es lo que suele ocurrir.

Estamos ante otra medida tendente a impedir que temas de escasa cuantía (no tan escasa 2000 euros) lleguen a los Juzgados.

Ni que decir tiene, que los grandes beneficiados son las grandes compañías y empresas de prestación de servicios o venta de productos, frente a las que el consumidor poco puede hacer, al costarle más el abogado y procurador, que lo que reclama.

El resultado, miles y miles de pequeñas injusticias se quedan sin poder ser rectificadas por los Tribunales, lo que acrecienta que las mismas se realicen masivamente, dado que los que las cometen, ya saben que no serán demandados.

#JusticiaMarcaEspaña