Es viernes 16. Sí, viernes ya. Y yo me había comprometido a escribir un artículo sobre el plazo de instrucción penal, fijado en 6 meses y ampliable a 18, por la complejidad de la causa, para entregar en esta semana. Como ando poco liado, pues una cosa más. Otra más.
He vuelto a caer. Era el día del Pilar, o de la Hispanidad, y me enteré a primera hora de la mañana, de que todas las Asociaciones de Fiscales, estaban de acuerdo en algo. Esto es insólito, me dije. ¡No puede ser verdad!
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| Foto de Markus Spiske, CC-License: CC BY |
Todas las Asociaciones de Jueces, parecían en pie de guerra, contra el Ministro Catalá, ante la imposibilidad en la práctica de instruir en 6 meses con los medios de que se dispone en los Juzgados actualmente.
Todas emitiendo comunicados y manifestando que lo llevarán al próximo Consejo Fiscal para pedir la suspensión de dicho plazo. Reviso, miro, y más que insólito, hasta la Fiscal General del Estado parece que, esta vez, está con sus Fiscales. ¡Esto es casi histórico, Catalá está siendo capaz de unir a todos los Fiscales!
Que conste que no me pareció extraño que los fiscales pensarán así. La verdad. Cualquiera, con algo de sentido común, difícilmente puede pensar otra cosa.
Lo primero que pensé fue: en seis meses tienen que instruir, pues muy ágiles no han sido para protestar. Ya se podían haber dado cuenta antes. Que ahora, la Ley ya está aprobada y hay que echarla atrás. Pero bueno, más lentos fuimos nosotros, los abogados, que la primera manifestación contra las Tasas fue al año de su entrada en vigor.
Así, recordando que sobre el tema había lanzado un Tweet, que dio excelentes resultados, contando en la actualidad con más de 1.600 Retweet.
Lancé uno nuevo, esperando que corriera la misma suerte. A los pocos minutos, llevaba más de 100 Retweet, por lo que supongo que por eso estoy hoy aquí.
El Director de esta publicación (LAWandTrends) me pidió que escribiera un post sobre la instrucción a 6 meses. En principio, decliné su invitación, por falta de tiempo, sin embargo, no me pude resistir, y al final caí, y heme aquí, delante del ordenador, escribiendo este artículo.
Para ello, he buscado mi vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Texto de la Reforma extraído del Boletín Oficial del Estado, dispuesto a escribirles un buen artículo que analice la misma y sus implicaciones desde una esfera jurídica y comprensible a la vez.
Dado que hoy es viernes 16 de octubre, y se publicó el pasado día 6, seguramente ya habrá muchos análisis jurídicos por la red de excelente calidad, por lo que, creo que voy a dejar mi vieja ley, y el texto de la reforma, a un lado, y les voy a contar otra cosa. Quizás no interese tanto el análisis jurídico del tema, cómo conocer ¿Qué está pasando?
¡Vamos a ello!
Lo que está pasando no es sino un hito más dentro de la línea de actuación política en materia de Justicia de este Gobierno.
Dos son los objetivos programáticos, que se han ido desarrollando a la lo largo de la legislatura. Por un lado, controlar y someter a la Justicia al control político, y por el otro, descargar los juzgados de asuntos y reducir su coste presupuestario.
El primero, obviamente, y de forma fundamental, a través del control del Consejo General del Poder Judicial, pero vamos a centrarnos en el segundo, que es el que de una forma más directa se relaciona con el tema de poner plazo a la instrucción penal.
En principio, es una aspiración legítima y normal de todo Gobierno, pretender una Justicia ágil y rápida. Es cierto que el Gobierno se encuentra con una Justicia colapsada y saturada, y es hasta correcta, la idea de intentar descongestionarla. Ahora bien, ¡no todo vale!
No vale todo, ni es tolerable descongestionar la Justicia, a base de limitar la entrada de asuntos en los Juzgados, medida pretendida con la Ley de Tasas Judiciales, la cual afectaba a todos los órdenes menos al penal. Vaya qué casualidad, hasta la fecha no se había tomado ninguna medida tendente a descongestionar el orden penal, y claro, ya tocaba.
En la jurisdicción penal no se atrevieron a poner una tasa. Ya sería el colmo, que te roben y tengas que pagar una tasa para reclamar justicia y que se persiga al responsable… Con lo cual, tenían que inventar algo. Y ¿qué inventaron? La respuesta es, sencilla: “si no podemos limitar el acceso. ¿Qué limitamos? Los tiempos que duran los procedimientos.”
Obviamente, que al igual que no es justo descongestionar la Justicia civil, laboral o administrativa con una tasa que limita el acceso, más injusto es aún descongestionar la penal, poniendo plazos a las instrucciones, sin invertir en medios materiales y humanos para que se haga con toda garantía.
El riesgo es doble, por un lado puede ocurrir, que muchos delitos prescriban en las estanterías de los juzgados, o peor aún, que no prescriban y se lleven a juicio mal instruidos, esto es, mal preparados para su enjuiciamiento, lo que propiciará que muchos culpables salgan impunes y queden absueltos.
¡No todo vale!
No vale descongestionar la justicia a base de no juzgar. A base de que culpables no sean juzgados o se declaren inocentes, porque una instrucción no se termina en el plazo marcado o por una deficiente instrucción, cuestión esta última que será difícil de contabilizar, pero que ocurrirá.
Es probable, que no se dejen prescribir muchos delitos, algo que por así decirlo deja huella o rastro y podrá ser denunciado o solicitarse que se indemnice por ello, lo más probable es que los funcionarios de justicia, para evitar que ello no ocurra, darán por terminada la instrucción esté como esté, y pasen los autos a enjuiciamiento con graves deficiencias.
Se imagina al Ministro de Sanidad eliminando las listas de espera, a base de poner una fuerte tasa a los pacientes y a base de hacerles las operaciones deprisa y corriendo. Pues esto es exactamente lo que está haciendo el Ministro de Justicia con los reclamantes de justicia. ¡Ojo! ¡Sr. Ministro de Sanidad, esto no es una idea, que les veo venir!
Y esto además, es una obra maestra para el Gobierno, en un país con miles de casos de corrupción en fase de instrucción.
¿Por qué digo lo anterior? porque este tipo de delitos, los de corrupción, requieren de mucho tiempo para su instrucción, por lo que los más beneficiados o los que tienen más papeletas para que pueda operar la prescripción en su favor o para que se suban los autos a juicio con deficiencias en su instrucción son los corruptos.
En definitiva, y por la vía de hecho, la reforma parece una especie de indulto técnico, y si a eso sumamos que se tiene cierto control sobre los jueces, dado que hay una falta de independencia judicial, pues las papeletas para poder quedar un corrupto finalmente absuelto aumentan.
Es cierto que la Ley prevé la posibilidad de prórroga de 6 a 18 meses para las instrucciones complejas, pero es que, en muchos casos, 18 meses es también insuficiente, y además, esta prórroga debe estar justificada, por lo que lo único que hace es introducir un elemento de inseguridad en el proceso que dará pie a arduas alegaciones y recursos para la defensa en relación a si efectivamente esa prórroga estaba justificada. Amén de que el juez instructor para garantizar su actuación, invierta su tiempo a justificar y no a instruir, como es normal, ante posibles recursos posteriores.
Esta es la política del Gobierno en materia de Justicia desarrollada en una legislatura. Que no haya Justicia. Que no pueda usted poner una demanda por el coste de unas tasas judiciales. Que no pueda usted denunciar un robo porque igual prescribe en el juzgado o se instruye mal y el culpable finalmente queda absuelto. Que no pueda usted reclamar una indemnización tras un atropello, y para ello, pasan los tráficos a la vía civil donde es más costoso y complejo reclamar. Que no pueda usted reclamar una deuda porque han acortado el plazo de 15 a 5 años para que prescriba su exigibilidad. Y así todo. Y ya de paso, que se archiven por prescripción o por deficiente instrucción los delitos de corrupción.
Le dio igual al Sr. Gallardón, al Sr. Catalá también le da igual. ¿Por qué? Porque, en el fondo, eran sus objetivos programáticos, controlar y someter la justicia atentando a la independencia judicial, y descargar los juzgados de asuntos y reducir los costes de la justicia.
El primero ya lo han conseguido, el segundo, pretenden conseguirlo, claro que así no vale, los juzgados no se desatascan limitando los asuntos que entran, ni despachando de cualquier manera los existentes, sino invirtiendo dinero para aumentar los medios técnicos y humanos que necesitan y haciéndolos más eficientes.
Sres. ¡No todo vale!
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